Cabildo catedralicio.

Colegio de consultores y cabildo catedralicio

El legislador eclesiástico de 1983, haciendo suya la invitación conciliar de CD 27 al consejo presbiteral, pone a su lado un nuevo órgano consultivo: el colegio de consultores, cuyos miembros son libremente elegidos y nombrados por el obispo diocesano «entre los miembros del consejo presbiteral» (c. 502 § 1). Este colegio tiene voto consultivo en lo referente al nombramiento y remoción del ecónomo de la diócesis (c. 494) y en los actos más importantes de la administración económica de la misma (c. 1277),

78. Sobre toda la cuestión, cfr. H. Schmitz, Die Konsultationsorgane des Diozesansbischofs, en: HdbKathKR, 352-364, sobre todo p. 362.
79. Cfr. R. Puzza, Mitverantwortung in der Kirche, en: Staatslexikon, o.c., 1188-1192, sobre todo p. 1191.

pero su papel se vuelve decisivo tanto en el tiempo de sede vacante, período en el que debe gobernar la Iglesia particular hasta la constitución del administrador diocesano (c. 419), como en el procedimiento para la designación del nuevo obispo (c. 377 § 3).

Dada la importancia que ha tenido históricamente en Europa el cabildo catedralicio, «la conferencia episcopal puede establecer que 1as funciones del colegio de consultores se encomienden al cabildo catedralicio» (c. 502 § 3). Este último, en comparación con los otros órganos consultivos diocesanos, goza de una mayor autonomía, porque no está presidido por el obispo diocesano, sino por uno de sus miembros (c. 507 § 1). Con todo, esto no significa necesariamente que esta antigua institución canónica sea exportable, tal como está (cc. 503-510), a las nuevas Iglesias particulares, sobre todo en lo que respecta al papel por ella desarrollado en la elección del nuevo obispo diocesano. En efecto, aunque se afirma claramente en el c. 377 § 1 que «el libre nombramiento pontificio» y «la confirmación pontificia» representan dos modos diversos, aunque equivalentes, de proceder a la elección de los obispos en la Iglesia católica de tradición latina ⁸⁰, el modelo representado en este campo por el cabildo catedralicio es insuficiente desde la perspectiva eclesiológica al menos por dos motivos. De entrada, las formas jurídicas, en las que hasta ahora se ha encarnado, no garantizan la plena libertad de la Iglesia católica respecto al Estado, especialmente en los lugares donde los miembros del cabildo son nombrados por autoridades estatales ⁸¹, lo que lleva con frecuencia a crear conflictos en la interpretación de las distintas normas concordatarias ⁸². En segundo lugar, en los lugares donde existe, el cabildo catedralicio no es ya, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el pastoral, un órgano expresivo de la corresponsabilidad del clero diocesano y mucho menos de todos los fieles laicos de una Iglesia particular ^83. Así pues, en la búsqueda de nuevos modelos institucionales, como, por ejemplo, el de un sínodo electoral para cada Iglesia

80. Coinciden en esta interpretación: R. Potz, Bischofsernennungen. Stationen, die zum heutigen Zustand geführt haben, en: Zur Frage der Bischofsernennungen in der römisch-katholischen Kirche, ed. por G. Greshake, München-Zürich 1991, 17-50, aquí 22; H. Müller, Aspekte des Codex luris Canonici 1983, en: Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht 29 (1984), 527-546, aquí 534.
81. Cfr. H. Maritz, Das Bischofswahlrecht in der Schweiz, St. Ottilien 1977, 47-49; P. Leisching, Kirche und Staat in den Rechtsordnungen Europas. Ein Überblick, Freiburg i. Br. 1973, 83.
82. Típico en este sentido es el caso de Coira; cfr. H. Maritz, Erwägungen zum Churer «Bischofswahlrecht», en: Fides et ius, Festschrift für G. May, ed. por W. Aymans-A. Egler-J. Listl, Regensburg 1991, 491-505.
83. Cfr. CD 27, 2 y PO 7.

particular ⁸⁴, será preciso tener presente lo que sigue. La elección de los obispos es un proceso constituido por un doble movimiento: el primero encuentra su ápice en la designatio personae (la designación de la persona a la que debería conferirse el ministerio episcopal); el segundo encuentra su ápice en la collatio officii (la colación del oficio eclesiástico a la persona designada). El primer movimiento es de naturaleza eminentemente electiva y responde, por ello, al principio de la corresponsabilidad y despues al de la sinodalidad⁸⁵. El segundo movimiento, sin embargo, es de naturaleza eminentemente confirmativa, ordenado a la realización de la communio plena con el Papa y los otros miembros del Colegio episcopal. En este sentido responde, sobre todo, al principio de la sinodalidad en su imprescindible unidad con el ministerio primacial del sucesor de Pedro ⁸⁶. Tanto el primer movimiento como el segundo concurren eficazmente en la realización del mismo fin, en la medida en que siguen estando estructuralmente abiertos a la acción del Espíritu Santo ⁸⁷. Eso significa que, en la elección de un obispo, ni el Papa ni la Iglesia particular interesada pueden ser colocados ante el hecho consumado o ante la elección obligada, sino que –por diferir el uno del otro– todo modus procedendi ⁸⁸ debe garantizar a ambos sujetos un margen real de Libre elección.